“Nos han discriminado”: el blindaje del Cap de Creus echa a las motos de agua y a los barcos de alquiler

Las empresas turísticas del Cap de Creus (Girona) lamentan que el nuevo plan de gestión del parque natural imponga severas restricciones que las obligarán a reducir su actividad o asumir pérdidas económicas. En particular, la regulación veta a las motos acuáticas (salvo excepciones), obliga a los particulares que quieran navegar con pequeñas embarcaciones a registrarse y pone fin al fondeo libre, entre otras limitaciones.

El Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) fue aprobado el pasado viernes por la Junta Rectora del Parque Natural y regulará durante los próximos cuatro años las distintas actividades en el ámbito marino. Afecta, sobre todo, a las reservas naturales parciales de Cap Gros–Cap de Creus y Cap de Norfeu, que suman unas 3.000 hectáreas protegidas.

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Afectan "de lleno"

Con motivo de la aprobación, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, destacó la semana pasada que el proyecto es fruto de más de "15 años" de trabajo y de “200 reuniones con los diferentes agentes socioeconómicos del Parque”. 

Sin embargo, parece haber dejado de lado al sector náutico turístico, porque introduce cambios que afectan "de lleno" a su operativa. Así lo han trasladado Aventura Nàutica, Lassdive y otras compañías que se verán perjudicadas por el plan, previsto para este verano y de aplicación progresiva. 

Pérdidas económicas

Fuentes del sector consultadas por Crónica Global aseguran que se sienten “discriminados”, ya que, aunque participaron en alguna reunión, no se les ha tenido en cuenta.

Si la normativa entra en vigor pronto, se verán obligados a recortar servicios como el alquiler de barcos sin titulación y eliminar las motos acuáticas, que representaban cerca del 30% de su facturación. “Tendremos que modificar actividades, cancelar reservas y asumir pérdidas”, advierte una de ellas.

Padrón obligatorio

El PRUG limita el uso de motos de agua a casos muy concretos, como servicios de salvamento o emergencias, visitas guiadas organizadas por empresas autorizadas o, de forma particular, sólo si se cumplen ciertos requisitos.

En este último caso, tanto la persona que conduce como la propietaria del vehículo deberán estar empadronadas en uno de los municipios del parque: Roses, Cadaqués, el Port de la Selva o Llançà. 

Cap de Creus (Girona) Europa Press

Concurso 

Para las visitas guiadas en moto, la normativa es aún más estricta: sólo seis empresas o entidades podrán obtener la autorización. Estas serán seleccionadas mediante un concurso público, en función de la puntuación obtenida según los criterios establecidos por el propio plan.

“Tendremos que pedir una autorización, y sólo hay un número limitado de plazas para unas pocas empresas. Las que consigan más puntuación en el proceso de selección serán las que podrán continuar operando. Y las que no, bueno...”, comentan desde Aventura Naútica.

Impacto ambiental

Voces de la empresa Lassdive, dedicada al submarinismo y al alquiler de motos de agua en la Costa Brava, Barcelona y la Costa Dorada, coinciden con Aventura Nàutica y señalan que se está "limitando mucho el negocio”, pese a que el impacto ambiental de estos vehículos es, por ejemplo, menor al de un barco. 

“Se ha demonizado a las motos de agua, y desde luego cualquier artefacto que está en el agua tiene un impacto, pero en este caso la moto es menos ruidosa, más pequeña y no genera olas. La hélice está cubierta, por lo que no puede dañar absolutamente nada, ni a personas ni a la fauna marina, como sí puede ocurrir con un barco, defienden.

Embarcaciones pequeñas

Otra actividad que también resulta perjudicada es el alquiler de barcos sin titulación, que permite a los particulares navegar con pequeñas embarcaciones sin necesidad de disponer de una licencia náutica.

"Vamos a tener que hacer más cortos estos servicios, porque antes lo alquilábamos todo el día o cada cuatro horas para que la gente fuera a pasar el día en la costa, en las calas del parque natural. Y ahora estarán limitados a dar una vuelta en la bahía de Roses, y a mucha gente quizás no le interese hacer esto y tenga que buscar otras alternativas, señalan desde Aventura Naútica. 

Para estas embarcaciones, se deberá disponer ahora de una licencia de navegación, informar previamente de la salida si no parten desde un puerto o campo de boyas del parque, y respetar las zonas de fondeo reguladas, entre otros requisitos, según el documento del PRUG.

Buceo

El submarinismo también estará limitado: sólo 15 empresas podrán operar con libertad y ocho más con restricciones (dos salidas semanales y 20 al año). Para acceder a la autorización, las empresas también deberán competir en una valoración por puntos que toma en cuenta la experiencia y el cumplimiento ambiental.

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Sobre esto, Lassdive señala que en caso de que no puedan ganar el concurso tendrían que cerrar esta línea de negocio: "No podríamos continuar la actividad en otro lado. No podemos ir a hacer buceo a otros sitios porque nos queda demasiado lejos", sostienen. 

Profesionalizar el sector

Los empresarios naúticos consultados indican que, aunque el nuevo Cap de Creus introduce buenas prácticas que pueden ayudar a profesionalizar el sector, también supone un riesgo para las empresas que sí trabajan correctamente: “En los últimos años han aparecido operadores que no respetan las normativas ni el entorno. Que se regulen esos casos es positivo”, señalan.

Sin embargo, advierten que el sistema previsto para las autorizaciones excluye igualmente a los que ya son profesionales. “Si hay alguna empresa que por algún motivo no consigue los puntos necesarios, ni entra en el ránking, directamente no podrá trabajar en el parque. Y eso es preocupante”, lamentan.

Economía local

Por último, Lassdive resalta que la prohibición de actividades del mar no sólo afecta a su sector, sino al conjunto del tejido económico local. “Hacemos entre 5.000 y 6.000 reservas al año, y eso significa 5.000 o 6.000 familias que vienen, que comen, se alojan en la zona”, explican.

Por esta razón, pide que se tenga en cuenta la realidad de los municipios, cuya economía depende en gran parte del turismo estacional de verano. A la espera de que la normativa se publique en el BOE, las empresas afectadas evalúan medidas para adaptarse y mitigar el impacto en su actividad.