Laura Borràs, expresidenta del Parlament
La fiscalía rechaza el indulto de Laura Borràs por "falta de arrepentimiento"
La expresidenta del Parlament y miembro de Junts fue condenada por "abuso de poder" en un delito de corrupción en el caso de la Institución de las Letras Catalanas
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La Fiscalía Superior de Cataluña se ha opuesto a que el Gobierno conceda un indulto a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, tanto parcial como total, al concluir que no ha mostrado "el más mínimo signo de arrepentimiento", tras ser condenada por "abuso de poder" en un delito de corrupción.
La expresidenta del Parlament fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo cuando dirigía la Institución de las Letras catalanas (ILC).
La fiscal Assumpta Pujol subraya que no existe ningún fundamento legal sólido que respalde la concesión del indulto. En su escrito, la fiscalía sostiene que el comportamiento delictivo de Borràs "es claramente merecedor" de las penas impuestas, ya que no se ha logrado el objetivo de disuasión general que busca la justicia. Por ello, considera imprescindible que se cumplan las sanciones para "afirmar la credibilidad en el sistema judicial y en el buen funcionamiento de las instituciones".
Favoritismo en contratación
En febrero, el Tribunal Supremo ratificó la condena a Laura Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental, imponiéndole una pena de cuatro años y medio de cárcel, trece años de inhabilitación para cargo público y una multa de 36.000 euros.
Los hechos se remontan al período en el que presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre 2013 y 2018, cuando fraccionó contratos públicos para adjudicarlos a un amigo. Tras la validación de la sentencia por parte del Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la dio por firme y puso en marcha su ejecución.
Pena "excesiva"
No obstante, los jueces del TSJC que juzgaron el caso solicitaron al Gobierno que valorara la posibilidad de indulto, alegando que la pena de prisión resultaba "excesiva" dada la imposibilidad de acogerse a "las fórmulas sustitutivas de cumplimiento".
En este sentido, el tribunal explicó que, según el Código Penal, el delito de falsedad documental no puede recibir una condena inferior a cuatro años de prisión.
Dos imputados más
En este caso de la Institución de las Letras Catalanas, el TSJC también está llevando a cabo la ejecución de la sentencia correspondiente a los otros dos acusados: el técnico en informática Isaías Herrero Florensa y el empresario Andreu Pujol Martín.
La presidenta de Junts, Laura Borràs, durante su juicio en el TSJC, a 10 de febrero de 2023, en Barcelona
Ambos llegaron a un acuerdo previo al juicio con la fiscalía y sus respectivas defensas. En consecuencia, el tribunal impuso a Herrero una pena de dos años de prisión, una inhabilitación de un año y diez meses para realizar contratos con la administración pública, además de una multa de 2.100 euros.
Por su parte, Martín fue condenado a un año y dos meses de cárcel, junto con una inhabilitación de un año y un día para contratar con entidades públicas y una sanción económica de 2.250 euros. Los jueces aún deben resolver la forma en que se hará efectiva la condena para estos dos imputados.
