El Consell de Treball alerta del riesgo que corre el Pla de Barris: "El Govern debe blindar su financiación"

El Pla de Barris corre peligro. Es la tesis del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), órgano asesor de la Generalitat, que ha pedido al Govern de Salvador Illa (PSC) que blinde jurídicamente la financiación del Pla de Barris para evitar que dependa de posibles decisiones políticas cambiantes.

Su presidente, Ciriaco Hidalgo, expresa su preocupación en este sentido. En conversación con este medio, zanja que la aprobación del proyecto --que contempla una movilización de 1.000 millones de euros para "dignificar" barrios en toda Cataluña-- no puede depender de la siempre comprometida aritmética en el Parlament, en el que el Ejecutivo catalán depende del apoyo de sus socios, principalmente ERC y Comuns. 

El Govern rescata el Pla de Barris del tripartito para combatir la crisis de la vivienda

Sin garantías en caso de cambios en el Govern

"Le falta firmeza", resume el máximo responsable del órgano que asesora al Govern. Considera que la financiación debería estar garantizada por una forma jurídica mucho más sólida y dotar de estabilidad a la financiación. “Es una financiación que dependerá no solo de los próximos presupuestos, sino también de futuros", recuerda Hidalgo.

El CTESC ha publicado un dictamen este martes incidiendo en que el despliegue del proyecto depende de 12 ejercicios presupuestarios, sin establecer ningún mecanismo que asegure la continuidad en caso de cambios en el Govern o en los apoyos parlamentarios. De hecho, el Ejecutivo catalán no ha logrado aprobar unas nuevas cuentas este mismo año por lo que la región ha prorrogado las de 2023, las últimas que han visto la luz.

¿Qué propone pues? Blindar por ley un sistema de financiación "estable, suficiente, sostenida en el tiempo y garantizada por la Generalitat" que permita el despliegue del plan, con independencia de cambios políticos. 

La ley de 2004

El CTESC, no obstante, valora de forma positiva que el plan no se centre solo en arreglar calles o fachadas, sino que quiera mejorar la vida en barrios con muchas dificultades: problemas de vivienda, falta de servicios, contaminación o calles degradadas.

Este enfoque ya se produjo con la Llei 2/2004 de millora de barris, aprobada durante la legislatura de Pasqual Maragall, para reducir desigualdades sociales y territoriales.

Aquello permitió que más de 140 barrios recibieran fondos públicos para precisamente rehabilitar viviendas, mejorar calles y equipamientos, y poner en marcha programas sociales y educativos. Combinaba, así, urbanismo e intervención social. 

Cohesión social

Hidalgo ha recordado que la ley de barrios de 2004 "mejoró la cohesión social. Ahora, se recupera aquella filosofía integral para avanzar en el equilibrio territorial”.

Algunas zonas que se beneficiaron entonces fueron el barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs, el barrio del Poblesec en Barcelona, el de Cerdanyola y Rocafonda en Mataró, y otros de Reus, Manresa, Vic, Manlleu, Lleida, Tarragona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Olot.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la ministra del Interior, Núria Parlon, y el alcalde de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, en La Mina Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

El CTESC advierte sobre la especulación

Asimismo, el CTESC señala lo inapropiado de que los propietarios de los inmuebles rehabilitados mediante dinero público hagan negocio con ello. Por eso, plantea que, durante cinco años, los pisos rehabilitados gracias a esta ley solo puedan venderse o alquilarse a precios regulados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

“Si se gastan recursos públicos para rehabilitar viviendas, no puede ser que inmediatamente se pongan a la venta. Se está haciendo una política de inclusión residencial que no puede generar especulación", ha reivindicado Hidalgo.

El presidente del órgano consultivo también propone que, durante ese mismo periodo, no se puedan subir los alquileres de viviendas que ya tengan contratos vigentes y que hayan recibido ayudas para rehabilitación.

El Govern rescata el Pla de Barris del tripartito para combatir la crisis de la vivienda

Los criterios para definir qué zonas reciben los fondos

El dictamen insiste asimismo en refinar los criterios para definir qué zonas recibirán los fondos. Además del índice socioeconómico territorial, el CTESC propone que se tenga en cuenta la distancia entre la renta media de cada barrio y la media catalana, priorizando las zonas más empobrecidas.

Junto a eso, reclama que las decisiones no se tomen con un carácter centralista: “De nada sirve hacer algo desde Barcelona dirigido a Girona. Hay que contar con los agentes que están más cerca de la realidad del territorio”.

Los riesgos del plan

Hidalgo señala que el decreto es “necesario y está bien planteado”, pero que su eficacia dependerá del grado de compromiso real de la clase política: “Los barrios y pueblos no pueden encontrarse un año con la puerta cerrada por circunstancias políticas”.

El dictamen también plantea ajustes técnicos, como aclarar cuándo se aplicarán los distintos tramos de subvención (50%, 75% o 90%) y reforzar la dimensión comunitaria del programa.

Interior de una vivienda en Barcelona Europa Press

Según Hidalgo, uno de los grandes aciertos es que la ley no solo busca rehabilitar edificios, sino crear entornos más dignos, seguros y cohesionados. Y eso implica también "participación y empleo de calidad”.

El Pla de Barris, conocido oficialmente como la Llei 11/2022 de millora urbana, ambiental i social dels barris i les viles, fue aprobado a finales de 2022, y está ideadao para sustituir a la mencionada anterior ley de barrios de 2004.