El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (cen.), flanqueado por su homónimo del BBVA, Carlos Torres (dcha.) y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo / EP

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (cen.), flanqueado por su homónimo del BBVA, Carlos Torres (dcha.) y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo / EP

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Los cuatro días que decidirán el futuro de la OPA del BBVA sobre el Sabadell

Máxima expectación para conocer de qué manera el Gobierno podrá condicionar la operación entre advertencias de judicialización y la mirada vigilante de Bruselas

Más información: El Gobierno decidirá el 24 de junio sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell

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Cuenta atrás para uno de los hitos más esperados y relevantes de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. Cuatro días de larga espera para conocer en qué medida condicionará el Gobierno una operación sobre la que se pronunciará el próximo martes, en la reunión del Consejo de Ministros

La primera operación hostil del sector financiero español en los últimos 40 años llega a su clímax. Nunca una maniobra de este tipo había llegado hasta la denominada fase 3, aquella en la que Moncloa cuenta con la última palabra.

Los rumores abundan en los mentideros del sector, convertidos en las últimas horas en auténticos hervideros de “información”. Pero lo cierto es que la incertidumbre es la nota predominante; aunque, al menos de manera reciente, los comentarios se decantan por que, finalmente, Moncloa no establecerá condiciones demasiado severas y hará posible que la OPA siga su curso. 

Los técnicos del Ministerio de Economía han trabajado a destajo en las últimas semanas en este asunto. El propósito ha sido estudiar de la manera más concienzuda posible la oferta y, especialmente la posterior fusión, según han confirmado a Crónica Global fuentes financieras.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo (izq.), conversa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / EP

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo (izq.), conversa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / EP

No constituye secreto alguno que el Ejecutivo nunca ha visto con buenos ojos la operación; es más, nunca ha tenido problema alguno en manifestar su posición contraria. Y, sobre todo al inicio del proceso, en recordar que, llegado el caso, el Consejo de Ministros tendría la última palabra. 

Para ello, el caso presentado hace algo más de un año por el BBVA ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debería alcanzar la fase 2 y, además, resolverse con condiciones o compromisos. Cumplidas esas condiciones, el escenario actual es el de compás de espera a la reunión del cuerpo ministerial.

Riesgo de judicialización

No obstante, el trabajo ímprobo de los técnicos no parece haber arrojado resultados demasiado concluyentes. El riesgo de judicialización del caso es más que evidente, hasta el punto de que en las últimas horas ha sido explicitado por el presidente del BBVA, Carlos Torres.

El ejecutivo señaló en una entrevista en Onda Cero que la vía judicial quedaría abierta en el caso de que el Gobierno estableciera condiciones que fueran más allá de las fijadas por la CNMC en su dictamen favorable del pasado 30 de abril. La interpretación de la normativa de Competencia por parte del banco le lleva a concluir que el Gobierno tan sólo puede suavizar o mantener las condiciones.

El presidente de BBVA, Carlos Torres / EP

El presidente de BBVA, Carlos Torres / EP

Una visión muy diferente de la defendida por la entidad opada. Los principales dirigentes del Banco Sabadell han señalado que el Gobierno no sólo puede sino que tiene margen y motivos para establecer condiciones severas a la operación.

Una idea que no ha desaparecido del frontispicio del banco que preside Josep Oliu, hasta el punto de que no descarta en absoluto un escenario en el que las medidas del Gobierno hagan a BBVA desistir de la oferta. 

La tesis de la entidad catalana se ha basado en todo el proceso en la idea de su papel como referente en el segmento de las pymes y la necesidad de éstas de operar con entre tres y cinco bancos en su actividad habitual.

Un argumento que la citada resolución de la CNMC echa abajo al rebajar la posición del Sabadell por cuota de mercado y acotar esas necesidades al ámbito de las pymes que facturan más de dos millones de euros al año. Un grupo selecto, hasta el punto de que suponen menos del 5% del total.

Bruselas vigilante

El riesgo de que el caso acabe en los tribunales y pueda eternizarse aumenta con la postura beligerante que ha adoptado la Comisión Europea. Desde el momento en que el caso quedó pendiente del dictamen del Gobierno, Bruselas ha advertido de que tendrá una actitud vigilante para evitar que vulneren los principios de libre mercado que rigen la Unión Europea.

De ahí que, además de los técnicos de Economía, también haya estudiado la situación en profundidad la Abogacía del Estado.

Edificio sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid

Edificio sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid EUROPA PRESS - Archivo

Con todo, la decisión del Gobierno marcará un antes y un después en la operación… pero ni mucho menos el final. Con independencia de lo que suceda con los posibles recursos ante la Justicia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) marcará el final de la vía administrativa con la aprobación del folleto de la oferta.

A partir de entonces, un periodo de aceptación que podría extenderse durante algo más de dos meses (70 días como máximo). Un escenario más que probable por las fechas venideras (“en agosto, todos nos vamos de vacaciones”, señaló Oliu en un reciente encuentro con accionistas).

Para aderezar el escenario, esta semana ha trascendido que el Sabadell ha puesto en marcha el proceso para explorar una eventual venta de su filial británica TSB. Un proceso confirmado por la entidad y que podría llevarle a convocar una junta extraordinaria para su aprobación al estar inmersa en un proceso de OPA. 

Y también queda pendiente el plan estratégico a tres años que el Sabadell se ha comprometido a presentar al mercado, en fechas lo más próximas posibles al inicio del periodo de aceptación de la oferta, con el objetivo de que los accionistas cuenten con toda la información posible para tomar una decisión. 

Todos estos elementos constituyen una certeza, quizá la única, en la tensa espera de cuatro días para conocer el dictamen del Gobierno: la historia de la OPA está aun lejos de terminar.